dimarts, 11 de desembre de 2012

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 

       La gravedad de la situación actual de la Administración de Justicia supone importantes perjuicios para el conjunto de la sociedad. Los distintos sectores implicados en la actuación de nuestros juzgados y tribunales queremos mostrar nuestra preocupación por las carencias estructurales de nuestro sistema judicial y los perjuicios que ello provoca en los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. También queremos reiterar nuestro compromiso para la mejora del servicio público, en defensa de los intereses generales.
La Justicia ha quedado históricamente relegada del proceso de modernización que sí se ha acometido en otros ámbitos públicos. Además, determinadas medidas que se han adoptado recientemente van a agravar esta situación de deterioro institucional. Entre ellas, la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales va a limitar seriamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en los términos en los que dicha norma ha sido aprobada, lo cual afecta a principios básicos del Estado de Derecho. Los recortes en el presupuesto de Justicia para 2013 van en la dirección contraria a lo que requieren las necesidades reales. Del mismo modo, la incapacidad institucional de articular una nueva oficina judicial, que sea eficiente y esté adaptada a la presente realidad social, representa un signo añadido de estancamiento de cualquier expectativa de mejora de la Administración de Justicia.
Todos los sectores implicados reclamamos soluciones reales a estos problemas, que superen las habituales iniciativas improvisadas, a menudo guiadas por criterios de mera oportunidad. Pedimos al Gobierno que sea capaz de escuchar la voz de todos los colectivos afectados, pues somos quienes mejor conocemos las disfunciones del sistema judicial y sus efectos negativos en la ciudadanía. El Gobierno debería ser capaz de generar un amplio Pacto de Estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de fijar pautas estables de vertebración de una nueva Administración de Justicia ajustada a las necesidades sociales.
Estos objetivos se pueden conseguir desde unas premisas básicas. Resulta necesario fortalecer la independencia del Poder Judicial, así como la autonomía e imparcialidad de la Fiscalía. Hay que afianzar las funciones de los secretarios judiciales como elemento esencial en la modernización de la Administración de Justicia. Ha de potenciarse una abogacía libre e independiente, que pueda desempeñar su labor de forma eficaz. Debe dotarse a nuestros juzgados y tribunales de los medios personales y materiales necesarios para que puedan llevar a cabo dignamente sus atribuciones constitucionales, sin las importantes disfunciones que ahora provoca la enorme sobrecarga de trabajo. Hay que facilitar a los usuarios el acceso a la jurisdicción, sin trabas que limiten sus Derechos Fundamentales, y debe profundizarse en los principios que inspiraron la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento en 2002.
Nuestro país necesita una Justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica. Eso implica una Justicia centrada en las personas y en los Derechos Fundamentales de la ciudadanía.
Todos los sectores implicados en la Administración de Justicia reclamamos una rectificación de la gestión actual y la apuesta por una nueva etapa en la que, desde el diálogo constructivo, se fijen soluciones eficaces a los graves problemas existentes. Y, desde esta perspectiva, manifestamos nuestra voluntad de efectuar nuestras aportaciones representativas de todos los ámbitos de la Justicia, pues será imposible acometer cambios estructurales efectivos sin las opiniones de quienes mejor conocen estas importantes carencias.
Pedimos al Gobierno que demuestre una altura de miras semejante a la de quienes, desde distintas sensibilidades, nos hemos marcado como objetivo común la defensa de la Administración de Justicia, para que pueda cumplir las elevadas funciones que le asigna nuestra Constitución.

Madrid, 11 de diciembre de 2012


ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
ASOCIACIÓN DE FISCALES
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA