La gravedad de la situación
actual de la Administración de Justicia supone importantes perjuicios para el
conjunto de la sociedad. Los distintos sectores implicados en la actuación de
nuestros juzgados y tribunales queremos mostrar nuestra preocupación por las
carencias estructurales de nuestro sistema judicial y los perjuicios que ello
provoca en los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. También queremos
reiterar nuestro compromiso para la mejora del servicio público, en defensa de
los intereses generales.
La Justicia ha quedado
históricamente relegada del proceso de modernización que sí se ha acometido en
otros ámbitos públicos. Además, determinadas medidas que se han adoptado
recientemente van a agravar esta situación de deterioro institucional. Entre
ellas, la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales va a limitar seriamente el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en los términos en los que
dicha norma ha sido aprobada, lo cual afecta a principios básicos del Estado de
Derecho. Los recortes en el presupuesto de Justicia para 2013 van en la
dirección contraria a lo que requieren las necesidades reales. Del mismo modo,
la incapacidad institucional de articular una nueva oficina judicial, que sea
eficiente y esté adaptada a la presente realidad social, representa un signo
añadido de estancamiento de cualquier expectativa de mejora de la
Administración de Justicia.
Todos los sectores implicados
reclamamos soluciones reales a estos problemas, que superen las habituales
iniciativas improvisadas, a menudo guiadas por criterios de mera oportunidad.
Pedimos al Gobierno que sea capaz de escuchar la voz de todos los colectivos
afectados, pues somos quienes mejor conocemos las disfunciones del sistema
judicial y sus efectos negativos en la ciudadanía. El Gobierno debería ser
capaz de generar un amplio Pacto de Estado, en el que participen todos los
sectores implicados, con la finalidad de fijar pautas estables de vertebración
de una nueva Administración de Justicia ajustada a las necesidades sociales.
Estos objetivos se pueden
conseguir desde unas premisas básicas. Resulta necesario fortalecer la
independencia del Poder Judicial, así como la autonomía e imparcialidad de la
Fiscalía. Hay que afianzar las funciones de los secretarios judiciales como
elemento esencial en la modernización de la Administración de Justicia. Ha de
potenciarse una abogacía libre e independiente, que pueda desempeñar su labor
de forma eficaz. Debe dotarse a nuestros juzgados y tribunales de los medios
personales y materiales necesarios para que puedan llevar a cabo dignamente sus
atribuciones constitucionales, sin las importantes disfunciones que ahora
provoca la enorme sobrecarga de trabajo. Hay que facilitar a los usuarios el
acceso a la jurisdicción, sin trabas que limiten sus Derechos Fundamentales, y
debe profundizarse en los principios que inspiraron la Carta de los Derechos de
los Ciudadanos ante la Justicia, que fue aprobada por unanimidad en el
Parlamento en 2002.
Nuestro país necesita una
Justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación
económica. Eso implica una Justicia centrada en las personas y en los Derechos Fundamentales
de la ciudadanía.
Todos los sectores implicados
en la Administración de Justicia reclamamos una rectificación de la gestión
actual y la apuesta por una nueva etapa en la que, desde el diálogo
constructivo, se fijen soluciones eficaces a los graves problemas existentes.
Y, desde esta perspectiva, manifestamos nuestra voluntad de efectuar nuestras
aportaciones representativas de todos los ámbitos de la Justicia, pues será
imposible acometer cambios estructurales efectivos sin las opiniones de quienes
mejor conocen estas importantes carencias.
Pedimos al Gobierno que demuestre
una altura de miras semejante a la de quienes, desde distintas sensibilidades,
nos hemos marcado como objetivo común la defensa de la Administración de
Justicia, para que pueda cumplir las elevadas funciones que le asigna nuestra
Constitución.
Madrid,
11 de diciembre de 2012
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA
MAGISTRATURA
ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE
VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
ASOCIACIÓN DE FISCALES
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE
DE FISCALES
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA
ESPAÑOLA